¿Qué tipo de sociedad me conviene?

Congreso de la República del Perú, Carpetas Temáticas

NUESTRA PROPUESTA.

La respuesta rápida a la pregunta es que Einstein no creyó en un Dios personal. Es, sin embargo, interesante como él llegó a esa conclusión. Las características de los 4 tipos de sociedades más comunes en Chile para que puedas responder a la pregunta qué sociedad me conviene.

Aquí las Actuaciones que te ofrecemos

Ejemplos de casos de anulabilidad y nulidad de una multa de tráfico con los que identificaremos cuando es aplicable un defecto de forma como base de un recurso.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el numeral 5. Y en el numeral 5. Implementación, Verificación y Refrendación [97]. Que las regalías, determinadas como una de las fuentes de financiación es indicativo y enfatizar que se mantiene la actual estructura de cofinanciación con las fuentes de regalías. Acorde con lo anterior, se incorporó en el numeral 6.

Respecto del asunto de regalías en el punto 6. Como se puede constatar, estas propuestas se tuvieron en cuenta y se incorporaron en su gran mayoría al Acuerdo Final en el proceso de Refrendación Popular.

Puntualmente, se consideró que: Que en el debate, el cual fue transmitido por televisión en todo el territorio nacional, se atendieron todas las voces de los partidos, movimientos políticos con representación en esta Corporación y a voceros que promovieron las opciones del NO y el SÍ en el plebiscito celebrado el 2 de octubre de Que durante la mesa de conversaciones de La Habana, las delegaciones del Gobierno nacional y las Farc-EP, escucharon a voceros de las víctimas de organizaciones de mujeres, de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes, así como también que recibieron y examinaron las conclusiones de una serie de foros que se desarrollaron con víctimas del conflicto en distintas ciudades del país.

Que el Gobierno nacional convocó un plebiscito para someter a consideración de los colombianos, el texto del primer acuerdo sobre terminación del conflicto al que llegaron el Gobierno nacional y las Farc-EP. Que en el mencionado debate del 30 de noviembre, la plenaria de la Corporación constató que el texto de acuerdo para la terminación del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera firmado por el Gobierno nacional y las Farc-EP, el 24 de noviembre de , respetó e interpretó de buena fe la participación directa de los ciudadanos desarrollada durante las audiencias de las mesas de conversaciones de La Habana, con organizaciones de mujeres, líderes religiosos, victimas, indígenas y afrodescendientes, así como también constató que dicho texto incorporó cientos de propuestas que plantearon los voceros de la opción del NO, durante el plebiscito.

Por lo tanto el procedimiento especial legislativo previsto en el Acto Legislativo uno 1 de , se encuentra vigente. En la fundamentación de esta ley se evidenció nuevamente que se surtió el proceso de Refrendación Popular con base en los argumentos debatidos en el Congreso y citados a continuación in extenso , dada la relevancia que revisten para el presente asunto de constitucionalidad: Una vez concluidas las deliberaciones de la Habana, cuyo acuerdo fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre de , el gobierno nacional sometió a consideración del pueblo Colombiano los contenidos del mismo mediante un plebiscito que se celebró el 2 de octubre del presente año con un resultado que favoreció a los promotores del NO por un estrecho margen.

Para el gobierno, conforme lo expresaron los voceros del NO durante la campaña, no se estaba rechazando la posibilidad de alcanzar la paz, mucho menos se expresaron en contra de este derecho fundamental, lo que mostraron fue la necesidad de realizar cambios, ajustes y precisiones al acuerdo firmado en Cartagena. Fueron cientos de propuestas recibidas por el Gobierno para que fueran incluidas, como efectivamente muchas de ellas lo fueron, en los nuevos acuerdos con las FARC.

El respaldo popular a esta etapa de renegociación resultó determinante para alcanzar el objetivo final de manera eficaz, pero particularmente, para brindarle a este nuevo acuerdo un muy amplio margen de legitimidad.

Lo anterior, se vio plenamente reflejado en las multitudinarias marchas ciudadanas en diferentes ciudades del país en la que los ciudadanos se unieron en torno a una sola consigna: Las manifestaciones de los colombianos y las colombianos a favor del proceso y el nuevo acuerdo fueron variadas: Los diputados de las Asambleas, cumpliendo su mandato constitucional, representaron y reflejaron el clamor de 28 sus habitantes para acabar el conflicto.

A esta manifestaciones se unieron decenas de concejos municipales en las que, igualmente, exhortaban para que se implementara el nuevo acuerdo. En igual sentido, recientemente la Honorable Corte Constitucional recibió comunicaciones de varios grupos ciudadanos, en las que con la firma de cerca de A esta misivas se unieron apoyos de organizaciones juveniles, juntas de acción comunal, gremios empresariales, entre otras.

Adicionalmente, la actuación del Congreso encontró pleno respaldo en el Consejo de Estado quien, a través de comunicación del 28 de noviembre de , expresamente reconoció la facultad para realizar dicha refrendación. En los dos debates intervinieron expertos constitucionalistas, miembros de comunidades afrocolombianas, indígenas, víctimas del conflicto, gobernadores y alcaldes de distintas zonas del país, jóvenes, miembros de organizaciones del sector religioso y líderes ciudadanos.

Adicionalmente, hablaron todos los partidos y movimientos políticos con representación en el órgano legislativo.

Para ponerlo en los términos del comunicado de prensa que expidió la Corte Constitucional el 13 de diciembre de a propósito de la decisión sobre la demanda de inconstitucionalidad impetrada contra los artículos 1 y 2 del acto legislativo 1 de El mencionado artículo consagra en su tenor literal: Lo anterior, sin perjuicio de que durante la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se propicien mayores espacios de participación ciudadana que fortalezcan el proceso de transición hacia la construcción de una paz estable y duradera.

Que el día 30 de noviembre de fue aprobada en la Sesión Plenaria de la H. Proposición refrendación Acuerdo de Paz: Este se expidió en atención al pronunciamiento de esta Corte mediante la Sentencia C de El proceso para la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera tuvo un desarrollo complejo que implicó una serie de etapas, las cuales, en la medida que avanzaban, buscaban propiciar la confianza y seguridad necesarias.

Las etapas y estructura del proceso de paz se pueden reconstruir cronológicamente de la siguiente manera: Hubo 57 propuestas presentadas por los promotores del NO de las cuales tuvieron incidencia directa en el Acuerdo 56 [].

No obstante, era claro que en caso de un resultado a favor del NO, el Presidente mantenía competencia para adelantar actos subsiguientes dirigidos a suscribir nuevos acuerdos destinados a la finalización del conflicto armado [] , de conformidad con lo manifestado en el pronunciamiento mencionado.

Durante la campaña del plebiscito se inscribieron promotores del NO y del SÍ. El resultado de la votación del plebiscito resultó favorable a los primeros por un estrecho margen. En consecuencia, las diferentes etapas enunciadas y, con estas, la amplia participación ciudadana, los diferentes actos de intervención de las autoridades y, por ende, el evidente sistema de pesos y contrapesos que existieron para controlar cada segmento del proceso de Refrendación Popular, permiten colegir que este se caracterizó por ser un proceso complejo.

En este caso la participación ciudadana se realizó con intervención de representantes del Pueblo. Aunado a ello, el Congreso fue el encargado de determinar si se surtieron o no todos los requisitos del complejo proceso de Refrendación Popular en un espacio que permitió un nuevo pronunciamiento de diferentes sectores del pueblo a través de sus representantes, entre estos, líderes y movimientos políticos, como líderes del NO y del SÍ, partidos políticos, comunidades de víctimas, religiosas y grupos minoritarios, como los LGBTI, y diversos grupos y sectores sociales.

Igualmente, en la participación ejercieron sus competencias las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Por ende, se estima que existió participación ciudadana directa y, así, se constata cumplido el segundo requisito exigido por esta Corte para la Refrendación Popular.

Tras el plebiscito, se evidenció la inconformidad del pueblo con diferentes puntos del Acuerdo y, en acatamiento a este pronunciamiento, el Acuerdo Inicial no fue implementado.

Como consecuencia de lo anterior, reafirmó la vigencia del Acto Legislativo 1 de y de los procedimientos y competencias que este prevé para la implementación normativa del Acuerdo Final. Entre estos, el Gobierno Nacional, los partidos, movimientos y fuerzas políticas, los promotores del NO y del SÍ, diversos grupos sociales y el propio órgano legislativo.

Consecuentemente, el Congreso precisó que el citado Acto Legislativo había entrado en vigencia con la culminación del proceso refrendatario y la implementación normativa del Acuerdo Final se adelantaría con base en los procedimientos establecidos en aquél. En este orden de ideas, la Sala Plena encuentra cumplidos los requisitos fijados por esta misma Corporación para la Refrendación Popular y la vigencia del Acto Legislativo 01 de Verificada la vigencia de las facultades extraordinarias, procede la Corte a examinar la constitucionalidad del decreto ley expedido con fundamento en estas [].

Problema jurídico y metodología del fallo. El decreto consta de dos artículos. El segundo determina la vigencia de la norma a partir de su publicación. Así pues, le corresponde a la Corte resolver si: El ordenamiento constitucional colombiano ha previsto hipótesis muy específicas y detalladas que regulan precisas alteraciones institucionales temporales para efectos de enfrentar ciertas situaciones que salen de la normalidad y amenazan al Estado.

En general, ese tipo de variaciones se encuentran en el derecho constitucional de excepción []. Sin duda, se trata de dispositivos diferentes y con especificidades propias, no obstante, comparten algunas características que son relevantes en términos de interpretación constitucional.

En efecto, estos regímenes confieren competencias a ciertos poderes —en particular la potestad legislativa al ejecutivo- que, a pesar de la anormalidad que justifica esta redistribución de facultades, mantienen su subordinación al derecho y deben ser limitados también desde la juridicidad. El derecho constitucional de excepción pretende dotar al ejecutivo de los poderes necesarios para conjurar diversos tipos de amenazas que se ciernen sobre el Estado y reviste tres modalidades diferentes: Como consecuencia de esta concepción, las facultades legislativas del presidente son de estricta interpretación y de aplicación restrictiva debido a la alteración institucional que les da origen y que las hace posibles.

En ese orden de ideas, no pueden existir actos omnímodos a pesar de la gravedad o la urgencia de aquellos fenómenos que el ejecutivo debe enfrentar. De hecho, la necesidad de mantener el marco general de la estructuración del Estado lleva a que las actuaciones de excepción sean restringidas por su objeto y fines para prevenir los posibles abusos que podrían generarse. La reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la imposición de límites al ejecutivo [] cuando obra como legislador de excepción no sólo se relaciona con la idea de sujeción a la Constitución, sino que tiene un impacto directo en la legitimidad de las medidas adoptadas.

Con base en estos fundamentos es posible entender el alcance del control de estos dispositivos excepcionales. Aunque siempre existe la posibilidad de un control político, el control jurídico tiene rasgos propios.

La sentencia C de [] , se refirió al alcance y rasgos distintivos de este control en los siguientes términos: La Corte ha destacado, en particular, la relevancia de los siguientes referentes institucionales para interpretar las restricciones al ejecutivo como legislador de excepción y ejercer un control material en todos los decretos que expida, incluido el que declara el estado de excepción: Facultades presidenciales para la paz.

Como puede observarse, a diferencia del derecho constitucional de excepción, no se trata de una situación que ponga en riesgo la existencia o estabilidad del Estado, por el contrario es una oportunidad para su fortalecimiento por medio del logro de mayores niveles de democratización []. Es indiscutible que los dilemas y complejidades de la justicia transicional [] así como los delicados equilibrios que se mantienen en los momentos inmediatamente posteriores a la suscripción de los acuerdos de paz justifican que puedan presentarse estas medidas.

No obstante, por la naturaleza de la situación es necesario que se adopten dispositivos institucionales que respondan al contexto de manera idónea, por eso el constituyente derivado permitió una alteración institucional que, en cualquier caso, debe ser controlada.

Sin duda, es razonable que los mecanismos transicionales requieran alteraciones institucionales temporales y regladas, efectivamente el Estado afronta diversas disyuntivas y muchas de ellas requieren de una intervención urgente. La claridad en el objetivo general de la justicia transicional permite concluir, sin mayor esfuerzo hermenéutico, que el objetivo de estas medidas no es concentrar en una sola instancia la capacidad de configurar la ley, la de ejecutarla y la de determinar su validez normativa.

La literalidad de esta norma, que hace evidente su teleología, sumada a la necesidad de establecer límites a las medidas adoptadas como resultado de su propia naturaleza —son un medio que altera la institucionalidad de manera temporal y para un fin específico- llevan al imperativo de diseñar un sistema eficaz de controles.

De hecho, la misma disposición los adopta. En efecto, de conformidad con la norma ya transcrita, el constituyente derivado fijó los presupuestos, límites y el sistema de controles a los que se somete al ejecutivo en esta situación excepcional. Del texto de la disposición citada pueden inferirse varios elementos decisivos para comprender el marco analítico y el alcance del control constitucional que le corresponde a esta Corte: Como queda claro del texto de la norma, se trata de la concesión de facultades legislativas al presidente, con lo cual se genera una alteración temporal al diseño institucional de la Carta Política.

En efecto, en un escenario excepcional y de transición es necesario que el tribunal constitucional desarrolle una hermenéutica que considere el logro de un objetivo constitucionalmente valioso, pero sin desdibujar la estructura constitucional que garantiza la existencia y continuidad de la democracia.

En efecto, la paz es un presupuesto para la eficacia del Estado Social de Derecho, por cuanto constituye una condición necesaria para el goce efectivo de todos los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional, se ha referido en varias ocasiones a los instrumentos de justicia transicional y ha reconocido la indiscutible relevancia de la paz. Con todo, también ha precisado que no se trata de un valor absoluto y, por ende, los procesos dirigidos a su consecución no pueden perder de vista su objetivo central, el fortalecimiento de la democracia, ni transgredir límites infranqueables para el mantenimiento de las instituciones.

La sentencia C de [] reconoció que las medidas de transición hacia la paz no sólo persiguen la finalización del conflicto, sino que también procuran la reconciliación, la eficacia de los derechos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se trata de lograr entonces un equilibrio entre las tensiones que se dan entre la justicia y la paz. En efecto indicó que: Por su parte, la sentencia C de [] estableció que la paz constituye: Compete al juez constitucional identificar tales límites y hacerlos respetar, sin sacrificar ninguno de los elementos constitucionales en tensión y sin sustituir al legislador en el ejercicio de las competencias que le son propias.

Es importante insistir en que la noción central que guía esa interpretación es la de Estado Social de Derecho art. Este complejo concepto incluye el imperio del derecho y la erradicación de la arbitrariedad que, por lo tanto, involucra la sujeción a la legalidad [].

En este caso, el constituyente derivado ha diseñado una alteración institucional temporal para lograr un objetivo específico. Aunque no se trata del derecho constitucional de excepción consagrado en la Carta, sí representa un cambio institucional importante y por lo tanto susceptible de un control que lo mantenga en los límites que la Constitución exige. En efecto, este tipo de poderes no son, ni pueden ser un Estado de facto. Del texto del Acto Legislativo 01 de es posible derivar con claridad las restricciones fijadas: De acuerdo con el diseño institucional incluido en el Acto Legislativo 01 de , es posible entender que la concepción del constituyente derivado al establecer límites y controles que verifiquen el respeto a la Carta es el resultado de un postulado fundamental: En efecto, la imposición de límites frente a los poderes de los que es revestido el gobierno como consecuencia de una necesidad excepcional, lleva no sólo a asegurar la validez de sus actuaciones en el sentido de garantizar su conformidad con la Constitución, sino a propender por garantizar una mayor legitimidad de las mismas, derivada del alto rigor en el examen jurídico.

En las alteraciones institucionales temporales y regladas que permite el constituyente, siempre se adoptan regulaciones que pretenden evitar la concentración excesiva del poder por considerarse que propicia el abuso, el irrespeto a los derechos y a las libertades constitucionales e interfiere en la función eficaz del Estado. La sentencia C de [] , que constituye uno de los pronunciamientos en los que se ha desarrollado con mayor profundidad el principio de separación de poderes, hizo énfasis en los riesgos que apareja la fractura del diseño establecido para la institución presidencial, pues: Con todo, la delegación legislativa es plausible bajo los específicos límites establecidos en la Carta Política y con un control que impida cualquier asomo de arbitrariedad, incluso si se trata de una situación excepcional que persiga un objetivo tan valioso como la paz.

En suma, el control constitucional material de los decretos expedidos en virtud de las facultades otorgadas por el Acto Legislativo 01 de tiene las siguientes características: Con todo, también debe considerar el contexto específico de un proceso de transición que pretende la paz, sólo así puede cumplir con su función de manera adecuada. Como fue visto previamente, los decretos expedidos en ejercicio de las facultades establecidas en el Acto legislativo 01 de corresponden al ejercicio de una facultad excepcional en el marco extraordinario de la justicia transicional.

Una parte de ese ejercicio ya fue desplegado en la sentencia C de [] , este fallo reconoció la competencia del presidente para legislar de manera extraordinaria, sin embargo, entendió que esa competencia no era ilimitada, pues estaba sometida a determinadas condiciones para que esa atribución excepcional no sustituyera la Constitución.

En particular, los fundamentos jurídicos 64 a 66 de esa providencia exponen los elementos determinantes para evaluar si el otorgamiento de esa facultad sustituía la Constitución, su texto es el siguiente: En primer lugar, no es un exceso del poder de revisión constitucional conferir facultades extraordinarias , pues ya lo ha hecho en el pasado por ejemplo en los Actos Legislativos 3 de , 1 de y 5 de Sin embargo, y este es el punto que va en segundo lugar, en este caso no hay vicio de competencia de ese tipo.

Por tanto, no puede invocarse la habilitación para expedir decretos con fuerza de ley si estos no tienen una conexidad objetiva, estricta y suficiente con el acuerdo final. Por tanto, se justifica ejercer las facultades previstas en el artículo 2 demandado solo en circunstancias extraordinarias, cuando resulte estrictamente necesario apelar a ellas en lugar de someter el asunto al procedimiento legislativo correspondiente.

Puede ejercerse por un término de días, y se funda en normas de la Constitución que buscan asegurar la transición hacia el fin del conflicto. Es cierto que al perfeccionarse el Acto Legislativo 1 de , no se había finiquitado un acuerdo final, pero eso no quiere decir que las facultades carezcan de límites competenciales, sino que los límites competenciales se concretaron después o al expedirse la reforma.

Los criterios usados por la Corte en aquella oportunidad muestran que el control de constitucionalidad que hace este tribunal es de forma, pero también de fondo. De acuerdo con la argumentación de la sentencia precitada, el control de constitucionalidad material de los decretos exige valorar algunas especificidades propias: En efecto, el acuerdo final fue elaborado y suscrito dentro del orden constitucional vigente y por eso no puede ser la causa de su desplazamiento.

Esta idea ya fue aceptada por la Corte en la sentencia C de que valoró, como elemento determinante para excluir el cargo de sustitución de la Constitución por la atribución legislativa otorgada al presidente en el Acto Legislativo 01 de , el hecho de que cada disposición expedida en virtud del procedimiento excepcional tendría un control de constitucionalidad tanto formal como material.

Con todo, los criterios enunciados por la Corte ameritan un mayor desarrollo para delimitar con claridad las competencias del gobierno y ejercer el control constitucional de forma adecuada. Condiciones formales y materiales a la habilitación legislativa extraordinaria. Con base en las consideraciones anteriores y a partir de las restricciones contenidas en el Acto Legislativo 01 de , la Corte advierte que el juicio de constitucionalidad de los decretos extraordinarios adoptados con base en dicha enmienda constitucional, responden en concreto a la verificación sobre los siguientes límites.

De la misma manera, el decreto respectivo debe haber sido expedido dentro de los días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de , de conformidad con lo dicho en esta sentencia a propósito de la verificación del requisito de refrendación de dicha enmienda constitucional. Finalmente, el decreto debe tener una motivación suficiente, la cual demuestre su condición de instrumento para la implementación del Acuerdo Final. Con todo, la evaluación sobre esa motivación corresponde a los límites materiales, como se explica a continuación.

El contenido del decreto correspondiente debe tener como objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo Final. Los decretos extraordinarios de que trata el Acto Legislativo 1 de no son una atribución genérica o abierta al Gobierno para la producción legislativa.

En contrario, es una competencia excepcional, que se explica en la necesidad de expedir una medida para implementar un acuerdo de paz adoptado en el marco propio de la justicia transicional.

De allí que resulte reforzada la pertinencia de un control de constitucionalidad que verifique el cumplimiento de los límites materiales a tal forma excepcional de habilitación legislativa. La conexidad objetiva refiere a la necesidad de que el Gobierno demuestre un vínculo cierto y verificable entre un contenido del Acuerdo Final y la materia del decreto respectivo. La regla fijada en el Acto Legislativo determina que dichos decretos deben servir para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo.

La conexidad estricta , que también puede denominarse como un juicio de finalidad, refiere a la carga argumentativa para el Gobierno, consistente en demostrar que el desarrollo normativo contenido en el decreto responde de manera precisa a un aspecto definido y concreto del Acuerdo. A juicio de la Sala, esta limitación resulta crucial en términos de preservación del principio de separación de poderes. Por ende, en virtud de la amplitud de esas materias, una concepción genérica de la habilitación legislativa extraordinaria conllevaría irremediablemente a desconocer la naturaleza estrictamente limitada de la competencia gubernamental de producción legislativa.

Así, la valoración de la conexidad estricta supone una labor en dos niveles: Esto quiere decir que deben concurrir en la motivación del decreto los argumentos que expliquen por qué las normas que contiene son desarrollos propios del Acuerdo, los cuales deben mostrarse con un poder demostrativo convincente. Esta naturaleza se fundamenta, a su vez, en el déficit de deliberación y de representatividad de las minorías políticas que es connatural a la adopción de los decretos con fuerza de ley, pero que se compensa en el debate en el Congreso al conceder la autorización legislativa al Presidente, con precisión y claridad.

A este respecto, debe resaltarse que la Corte en la sentencia C de definió cómo el establecimiento de las facultades extraordinarias por parte del Acto Legislativo 1 de no tenía un alcance tal que reformase el diseño constitucional de competencias para la producción normativa.

Por esta razón, concurrían límites implícitos a dicha habilitación, vinculados con la reserva de ley. En otras palabras, lo que le corresponde al Ejecutivo es establecer, dentro de los considerandos de los decretos extraordinarios, cómo el uso de la habilitación legislativa especial es imperioso para regular la materia específica de que trata el decreto respectivo. Esta fue la concepción de las facultades extraordinarias en el Acto Legislativo 1 de En efecto, en el informe de ponencia favorable para primer debate en segunda vuelta, se expresó lo siguiente: Como es obvio, estas facultades se cimientan en la Constitución, razón por la cual pueden ser utilizadas para el desarrollo de los distintos temas contenidos en el Acuerdo Final.

Ambos caminos son legítimos y garantistas, pues el primero busca que sea el Presidente, quien ha presidido este proceso de paz y recibido el aval del pueblo a través de la refrendación, el encargado de expedir las normas de corto plazo. El segundo busca que sea el Congreso, el órgano competente desde su creación, el encargado de aprobar las leyes y reformas constitucionales.

Esto garantiza que los mecanismos jurídicos desarrollados por este acto legislativo no sean utilizados como regla general, y por lo tanto no representen una desfiguración del ordenamiento jurídico, ni una sustitución constitucional.

Concurre, en ese sentido, un propósito definido de delimitar de manera precisa la habilitación legislativa extraordinaria a favor del Ejecutivo, tanto desde una perspectiva material como temporal. De acuerdo con lo anterior, procede la Corte a realizar el control de constitucionalidad en concordancia con los criterios esbozados. El decreto fue publicado el 30 de diciembre de en el Diario Oficial Por lo tanto, no cabe duda de que los días que habilitan las facultades extraordinarias para el Presidente no habían culminado al momento de la expedición y publicación de la norma que se revisa.

En consecuencia, la Sala concluye que el Decreto Ley de cumple con los criterios formales de competencia y temporalidad. Conexidad objetiva, estricta y suficiente. De acuerdo con la parte considerativa del Decreto de , la creación de la ART se fundamenta en que en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció la necesidad de adecuar la institucionalidad del sector Agricultura y Desarrollo Rural. El Decreto de modificó las funciones que el decreto que la creó le asignaba originalmente a la entidad y las estableció así: Adoptar planes para la ejecución de políticas del Gobierno para la intervención en zonas rurales del conflicto priorizadas;.

Liderar el proceso de coordinación inter e intrasectorial a nivel nacional y territorial para el desarrollo de la estrategia de intervención en tales zonas;. Formular e implementar el plan general de renovación territorial en las zonas rurales de conflicto priorizadas, que incorpora los proyectos de intervención territorial en estas zonas, en coordinación con las entidades competentes del Gobierno nacional y con las autoridades territoriales, y de manera participativa con los actores locales.

Adoptar procesos de articulación con el sector privado y la sociedad civil, con el fin de que los proyectos de intervención territorial que éstos ejecuten, estén alineados con los planes de intervención territorial en las zonas rurales de conflicto priorizadas. Adoptar estrategias y programas de generación de capacidades regionales y locales en las zonas rurales de conflicto priorizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales.

Adelantar la gestión contractual para la formulación y ejecución de los planes y proyectos de intervención territorial financiados y cofinanciados por la Agencia. Adelantar la divulgación y difusión de la oferta de servicios de la Agencia, para garantizar el adecuado acceso a la información en las zonas rurales de conflicto priorizadas. Definir el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos que se adelanten dentro del plan general de renovación, de los planes de intervención territorial de las zonas rurales de conflicto priorizada.

Establecer estrategias para promover el desarrollo económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, incluyendo aquellas dirigidas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el m arco de las competencias de la Agencia;. Adoptar estrategias para articular las políticas sectoriales y las prioridades de las entidades territoriales, con las estrategias, metas y recursos para la ejecución de la política para el desarrollo rural con enfoque territorial y sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de la Agencia;.

Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. Entonces, la entidad también cumple un rol determinante en la administración y financiación de los proyectos para la reforma rural, el enfoque territorial y la sustitución de cultivos de uso ilícito, en las zonas de conflicto priorizadas. En cuanto a la Reforma Rural Integral, ésta tiene como objetivo una trasformación estructural del campo para la creación de bienestar en la población rural mediante la adopción de medidas para el uso adecuado de la tierra, la formalización, la restitución y la distribución equitativa de la misma.

El punto se guía por los principios de: Para la Sala, es claro que dichas funciones cumplen un papel determinante en el avance de su cumplimiento, al versar sobre todas las materias administrativas, de coordinación e implementación de los planes y proyectos en las zonas rurales de conflicto priorizadas.

Por su parte, el punto No. Así pues, también es evidente que las funciones de la ART en relación con el diseño e implementación de estrategias para: En suma, la Sala verifica que la ART y sus funciones indudablemente cumplen con el criterio de conexidad objetiva , en tanto existe un vínculo cierto y verificable entre esa entidad y la implementación de aspectos individualizables del Acuerdo Final.

En estos términos, la justificación de la norma señala que la ART cumple un papel en la implementación del enfoque territorial del Acuerdo Final y que la conexión directa entre sus funciones y el liderazgo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica motivan el cambio de adscripción.

Ahora bien, aunque el Gobierno no cumple con la carga argumentativa de demostrar cual es el punto específico que esta entidad implementa del Acuerdo Final y hace referencia a aspectos genéricos y transversales del mismo como el enfoque territorial, como se vio sí es posible ligar a la agencia y sus funciones a, al menos, los puntos uno y cuarto del Acuerdo Final.

No obstante, no se presentan argumentos que expliquen, al margen del liderazgo del DAPR en la implementación del pacto de paz, las razones que justifiquen que este cambio es determinante para su desarrollo. Al no existir una explicación adicional no es posible establecer porque ese cambio es determinante para la implementación del Acuerdo Final. No se trata de la creación de la entidad o de la adición o modificación de sus funciones. Sin embargo, no se puede perder de vista que la materia que regula el decreto que se revisa es el cambio de la adscripción de la institución dentro de la rama ejecutiva y no su creación ni sus competencias.

Es decir, se trata de un decreto que cambia la estructura del Estado, lo cual tiene reserva de ley. En este contexto, no hay una explicación acerca de la necesidad de esa modificación en el diseño institucional para que se implemente el Acuerdo Final.

Entonces, la motivación ausente cobra mayor importancia cuando se trata de un cambio dentro de la misma rama ejecutiva de una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera. Por consiguiente, la adscripción autorizada en el decreto no se explica desde la conexidad estricta y suficiente para exponer que dicho cambio es indispensable para desarrollar o implementar el Acuerdo Final. Así pues, se trata de una motivación de conveniencia para el Gobierno, pero la falta de motivación no da luces acerca del fundamento que amerite el uso de las facultades extraordinarias para ese objetivo.

Aun cuando la falta de motivación expuesta y el incumplimiento de estos requisitos es suficiente para determinar la inexequibilidad del Decreto Ley de , es pertinente hacer referencia al criterio de necesidad estricta. Así, el Gobierno incumplió con la carga de argumentación mínima de la justificación de la oportunidad, la necesidad y la urgencia de esta modificación.

En este aspecto los considerandos del decreto guardan completo silencio. De este modo, aun cuando la ART cumpla un papel prioritario para la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos ilícitos en el contexto del Acuerdo Final, el decreto versa sobre su cambio de adscripción dentro de la rama ejecutiva y no hay ninguna explicación que indique por qué las vías legislativas ordinaria y extraordinaria no eran idóneas y se justificaba un déficit de deliberación en una materia reservada para la ley.

Esto ya que el decreto no versa sobre la creación de la ART o la modificación de sus funciones. Es decir, no se trata de una medida que cree una entidad que evidentemente es indispensable para implementar partes del Acuerdo Final, sino de su cambio de adscripción dentro de la misma rama ejecutiva.

Así, la normativa revisada no se requiere para el desarrollo del pacto de paz, como uno de los elementos que se incluyen dentro del calendario acordado, pues lo imprescindible es la existencia de la entidad, la cual ya existe. No obstante, ese tampoco fue un argumento presentado por el Gobierno para justificar la necesidad de la norma.

Las anteriores consideraciones se pueden concretar en las siguientes conclusiones: Con aclaración de voto. Con salvamento de voto. Con aclaración parcial de voto. El proceso de refrendación popular, conceptualizado por la Corte, exigía respetar la decisión popular, y esta objetivamente se respetó, lo cual se evidencia en el hecho de que el Acuerdo entonces consultado no fue inmediatamente puesto en consideración del Congreso, para que este decretara la conclusión del mismo.

Este espacio se cristalizó en numerosos cambios al Acuerdo sometido a la consulta ciudadana, y por tanto lo que finalmente se dio por refrendado presenta diferencias reales y verificables con lo que fue desaprobado por el pueblo el 2 de octubre.

Debe ponerse de manifiesto que la magnitud, extensión y profundidad de los cambios que eran exigibles tras el Plebiscito, para que sus resultados se consideraran desarrollados de buena fe, eran proporcionales al margen de diferencia entre la opción electoral que triunfó y la que fue derrotada. Y, al contrario, en la medida en que se reducía la diferencia electoral, menos exigible era incorporar reformas significativas al Acuerdo sometido a consulta ciudadana.

En el Plebiscito del 2 de octubre de , como lo indica la Corte en esta ocasión, triunfó una opción por un escaso margen, y el desarrollo de buena fe de ese resultado no exigía entonces introducir transformaciones trascendentales al Acuerdo, para entender cumplida la exigencia de desarrollo de buena fe de la participación ciudadana. Si bien considero, en concordancia con lo anterior, que el Acuerdo final surtió entonces los pasos necesarios y suficientes para ser refrendado popularmente, disiento de que las fechas de consumación de ese proceso hubiesen sido el 29 y 30 de noviembre de Es entonces a partir de este momento compuesto que, a mi juicio, el Congreso dio por terminada la refrendación popular del Acuerdo.

Comparto esta decisión, pero aclaro el voto para precisar por qué en mi concepto el Acuerdo final sí fue refrendado, y para exponer las razones por las cuales disiento de las consideraciones de este fallo, relativas a la fecha en que concluyó el proceso de refrendación popular del Acuerdo final, tal como el mismo fue caracterizado en la sentencia C de Coincido con la mayoría en cuanto señala que el proceso de refrendación del Acuerdo final para la terminación del conflicto se consumó de forma adecuada.

No obstante, tras examinarla, considero que esta réplica no resulta definitiva, por las siguientes razones: Primero, porque el proceso de refrendación popular, conceptualizado por la Corte, exigía respetar la decisión popular, y esta objetivamente se respetó, lo cual se evidencia en el hecho de que el Acuerdo entonces consultado no fue inmediatamente puesto en consideración del Congreso, para que este decretara la conclusión del mismo.

Me remito, en esto, a lo expuesto por la Corte Constitucional en este fallo. De tal suerte que existe una ley habilitante y uno o varios decretos con fuerza de ley expedidos con base en ella.

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Esta información puede entonces ser utilizada para robar la identidad de una persona. Por ejemplo, una estafa de phishing de "Lotería de Toyota " a menudo se envía de direcciones chinas. Si recibe un correo electrónico o carta por correo de los EE. UU, fax o mensaje de texto de Toyota pidiéndole que actualice la información de su tarjeta de crédito, no responda: Los destinatarios de este tipo de correo electrónico sospechoso deben eliminar el mensaje de su bandeja de entrada y, si es posible, actualizar sus configuraciones de filtros de correo electrónico para bloquear mensajes de correo electrónico desde la dirección utilizada.

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